EDITORIAL

 

La innegable desigualdad entre las escuelas privadas urbanas y las escuelas publicas refleja una brecha que va más allá del ámbito educativo y se introduce en un sistema de exclusión social. Las instituciones educativas privadas en zonas urbanas representan espacios de oportunidades con recurso pedagógicos de vanguardia, acceso a las últimas tecnologías y ambientes que fomentan el éxito académico; en cambio las escuelas rurales ofrecen una educación con recursos limitados y en ocasiones en condiciones precarias, esta disimilitud no es casual es el reflejo de decisiones políticas que posicionan a la educación como un bien de consumo en lugar de un derecho fundamental.

La educación rural no solo enfrenta la escasez o ausencia de recursos sino también la falta de docentes capacitados, infraestructura inadecuada en algunos casos caminos inestables que imposibilita la asistencia regular este contexto no favorece el desarrollo pleno de los estudiantes y la educación se percibe como un privilegio más que como un derecho;  en pocas palabras la educación rural parece estar marcada por el olvido y en contraste las escuelas privadas además de ofrecer todas las comodidades y equipos para el proceso enseñanza aprendizaje promueven la inserción en las mejores universidades y empleos.

Esta problemática prolonga el ciclo de exclusión, los estudiantes de zonas rurales ven como el acceso a las oportunidades educativas y laborales es limitado; mientras que estudiantes de las élites en zonas urbanas son educados y preparados para ocupar posiciones de poder y decisión en la sociedad, y es en este contraste donde la educación deja de ser un instrumento de movilidad social para convertirse en un mecanismo de reproducción de desigualdades. La educación que debería ser igualitaria termina ampliando brechas y garantizando que los recursos se acumulen en manos de quienes ya tienen el capital económico y cultural para aprovecharlos.

Por ello, la solución no es solo aumentar la inversión en la educación rural sino, cambiar el enfoque del sistema educativo se debe romper con la lógica de una educación que segrega y subordina y edificar un sistema donde la ruralidad no sea  sinónimo de carencia en cambio se aprecia su diversidad y riqueza cultural  para ello, se deben repensar los contenidos escuchar a las comunidades rurales y desarrollar políticas  quién reconocimiento a dichas comunidades como actores válidos y no como receptores pasivos.

La educación debe representar justicia y no privilegio; por lo cual, para disminuir esta es igualdad se debe asumir una responsabilidad colectiva que exige una profunda reestructuración, inversión y construcción donde el abandono es la norma además, transformar el imaginario de lo rural como periferia y darle el reconocimiento como un centro legítimo de saberes y desarrollo humano; así la igualdad no sólo será un discurso si en una realidad para todos sin importar ubicación geográfica.